Declaración Nacional
Para apoyar los derechos humanos y civiles de todos los y las inmigrantes
Y contra las propuestas pactadas sobre reforma migratoria
Abril 2006
Por una reforma migratoria justa y equitativa para todos y todas
Nuestras organizaciones de inmigrantes, de fe, de justicia social, de paz, sindicales y de derechos humanos y civiles y de otras comunidades interesadas estamos unidas para apoyar los derechos humanos y civiles de todos los y las inmigrantes y para oponernos a las propuestas de reforma migratoria que se están debatiendo ahora en el Senado estadounidense. Rechazamos la H.R. 4437, el proyecto de ley sobre migración que fue aprobada en la Cámara de Representantes en diciembre pasado, así como también los proyectos de ley que fueron pactados en el Senado.
Hacemos un llamado a los miembros del Congreso y de la Administración a que supriman estas propuestas disfrazadas de reforma migratoria. Exigimos nada menos que políticas migratorias que sean justas y equitativas, y que respetan los derechos y la dignidad de todos los y las inmigrantes y los demás miembros de nuestra sociedad.
La prisa de lograr un acuerdo bipartidista sobre legislación migratoria ha producido un pacto que crearía escisiones profundas dentro de la comunidad inmigrante y abandonaría a millones de inmigrantes indocumentados a permanecer en las tinieblas del país. Rechazamos las maniobras entre bastidores que se están desplegando actualmente en el proceso legislativo. Estos tratos y acuerdos reflejan las maniobras políticas de un año electoral y los intereses del comercio, en lugar de responder a los mejores intereses y a las voces de las comunidades inmigrantes. Nosotros y nosotras decimos: ¡no a estos chantajes!
En un movimiento por los derechos civiles revitalizado, millones de inmigrantes así como también defensores de la paz y la justicia, dirigentes religiosos y sindicales, han marchado y se han manifestado en ciudades a través de los EEUU. Las movilizaciones han sido un despertador al resto del país de reconocer el papel imprescindible de los y las inmigrantes como compañeros de trabajo, vecinos y miembros de nuestra sociedad. Y, en cuanto se conocieron los detalles del pacto legislativo actual, las voces de las comunidades inmigrantes están rechazando las propuestas del tal llamado programa de legalización y están denunciando el constante deterioro de los derechos humanos y civiles causadas por las provisiones de control policíaco y criminalización. Lo que está en juego es desmedido, y nos afecta a todos y todas.
Este año es el vigésimo aniversario de la ley de legalización y de sanciones a empleadores de 1986, y el décimo aniversario del Acta de Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante. No podemos permitir que las propuestas actuales sean efectuadas convirtiéndose así en el legado de esta generación de una reforma migratoria deficiente.
Lo que queremos: una reforma migratoria justa y equitativa
Una reforma justa y equitativa significa:
* Una legalización genuina y oportunidades para ajustar la condición migratoria
de todos los y las inmigrantes indocumentados, incluyendo a la juventud y a los
campesinos
* La preservación de los procesos judiciales, incluyendo la restauración del acceso
a las cortes y una significante revisión judicial para los y las inmigrantes.
* No a la detención indefinida o a la expansión de la detención obligada
* No a la expansión de programas de trabajadores huéspedes
* No al desgaste de recursos destinados para continuar la militarización de nuestras
fronteras y que contribuyen a la crisis de los derechos humanos y la vida en la
regiones fronterizas
* Fin a las sanciones a empleadores y los sistemas electrónicos de verificación
de trabajo
* El fortalecimiento y cumplimiento de las protecciones de las leyes laborales para
todos los y las trabajadoras, nativos y extranjeros
* No al uso de agencias gubernamentales de las ciudades, los estados u otras entidades
gubernamentales en el control de la leyes migratorias
* No más criminalización de los y las inmigrantes, ni de los proveedores de servicios
a inmigrantes indocumentados
* Expansión de las oportunidades a la migración legal, apoyo a la reunificación
de familias y el procesamiento inmediato del atraso en las solicitudes de visas
pendientes
* Eliminación de los obstáculos injustos a la inmigración, incluyendo la prohibición
de VIH, las restricciones de 3 y 10 años, y los requisitos de altos sueldos para
los patrocinadores de inmigrantes.
La propuesta actual de legalización no es aceptable
La propuesta del programa de trabajadores huéspedes de tres categorías ofrece poca esperanza para una legalización amplia y inclusiva de inmigrantes indocumentados. Lo que algunos denominan un camino a la ciudadanía en el proyecto del Senado es nada más que un programa masivo de trabajadores huéspedes sin protecciones laborales, y contiene numerosos obstáculos que limitarán drásticamente el número de inmigrantes que se podría legalizar. Tal programa dividiría a las comunidades, incluyendo a familias con miembros de diferentes estados migratorios, socavaría a las normas de sueldos y beneficios, e impondría una carga agotadora sobre los servicios de asistencia social.
Las propuestas de control policíaco socavan a los derechos de todos y todas
Muchas provisiones en las propuestas actuales del Senado violarían dramáticamente una amplia serie de derechos, incrementaría la criminalización de los y las inmigrantes, causando deportaciones masivas, y excluiría injustamente a millones a ser elegibles para cualquier oportunidad de legalización. La expansión de la deportación acelerada eliminaría el derecho a una audiencia en las cortes, mientras la definición ampliada de felonía agravada a incluir a muchas infracciones menores resultaría en la detención obligada y las deportaciones masivas. Las propuestas también buscan restablecer la detención indefinida e incrementar las cárceles de detención, incluyendo el uso de bases militares cerradas. Concediendo a la policía local el poder de hacer cumplir las leyes migratorias no sólo añadiría un carga adicional que la distraería de sus
responsabilidades actuales, disuadiría al inmigrante de contactar a las instituciones de seguridad pública.
Además, el incremento de recursos e inversiones para militarizar la frontera, que ya ha costado más de $30 mil millones en los últimos 12 años, no ha detenido la migración no autorizada a través de la frontera y en lugar ha causado una crisis humanitaria con la muerte de más de 4,000 personas en el desierto. Las actuales políticas, leyes y prácticas de control fronterizo, sin provisiones para la entrada segura y legal, han causado la detención y la criminalización de decenas de miles de personas a un significativo costo diario al presupuesto social.
Las propuestas no protegen a las y los trabajadores
Las actuales propuestas deterioraría aún más a las ya débiles protecciones laborales y los derechos del inmigrante y de otros trabajadores. Los trabajadores inmigrantes históricamente han sido usados como mano de obra barata por empleadores e industrias que no están dispuestas a pagar sueldos decentes o a mantener condiciones razonables de trabajo. Estas propuestas continúan en esta misma trayectoria vergonzosa, y están diseñadas para forzar y mantener los sueldos bajos para competir globalmente con las fuentes de mano de obra barata.
Los trabajadores necesitan más, no menos, derechos. Un programa auténtico de legalización necesita estar vinculado con la derogación de las sanciones a empleadores, la provisión de la destacada Acta de Reforma y Control Migratorio de 1986 que ha causado la criminalización de los y las trabajadoras inmigrantes, y que serían profundizadas a través de la expansión de un sistema de verificación de empleo. Este programa en los últimos veinte años no ha hecho nada más que incrementar la discriminación y el abuso de los y las trabajadoras inmigrantes. Los empleadores han tenido en esta un recurso más grande para amenazar e intimidar a los y las trabajadoras inmigrantes, derrotar esfuerzos de sindicalización, realizar despedidas injustas, y rebajar los sueldos y condiciones de trabajo para el pueblo obrero. Estos abusos impactan a la fuerza laboral estadounidense, particularmente a los más vulnerables que trabajan en donde pagan los peores sueldos como los campesinos, los jornaleros y las trabajadoras domésticas.
No a la expansión de programas de trabajadores huéspedes
Una preocupación central es la expansión significante de los programas de trabajadores huéspedes que se incluyen en casi todas las propuestas del Senado y apoyados por la Administración. Nos oponemos a estos programas ambos cuando están vinculados a la legalización de indocumentados que ya están viviendo y trabajando aquí, y como la estrategia para administrar los flujos futuros de inmigrantes a los Estados Unidos. Los EEUU no tiene una escasez de trabajadores; lo que tiene es una escasez de empleadores que estén dispuestos a pagar sueldos dignos y mantener condiciones de trabajo decentes.
Los programas de trabajadores huéspedes han sido denunciados por sindicatos y comunidades inmigrantes por su largo historial de violaciones de derechos y normas laborales, incluyendo las listas negras de exclusión y las deportaciones de trabajadores que protestan. En 1964, Ernesto Galarza, César E. Chávez y otros defensores de los derechos laborales ganaron la abolición del antiguo programa Bracero de trabajadores huéspedes. El propósito de ese programa, dijeron, era la creación de una fuerza de trabajo vulnerable para poder bajar los sueldos e impedir la organización de sindicatos para inmigrantes y no-inmigrantes. El propósito de las propuestas actuales son las mismas. Se les prohíbe a los trabajadores temporarios, contratados la opción de
establecer raíces y hacerse miembros plenos e iguales de nuestras comunidades.
Los y las migrantes futuros no deben ser forzados a aceptar una condición de segunda categoría, violando así los juramentos más básicos de nuestro país a la igualdad. Deben de ser otorgados la residencia permanente, permitiéndoles trabajar y viajar libremente, ejercer sus derechos laborales, y vivir como cualquier otro miembro de nuestra sociedad.
No hay pacto, no hay trato para una reforma migratoria justa y equitativa
En años recientes, los miembros de la comunidad inmigrante, incluyendo a la juventud y los estudiantes, han organizado y manifestado valiosamente en apoyo de propuestas legislativas para fortalecer sus derechos y oportunidades de ser miembros iguales de esta sociedad. A pesar de la voz sonora y determinada de las comunidades inmigrantes, los defensores y los proponentes de una reforma migratoria justa y equitativa todavía no hemos visto una propuesta aceptable del Congreso este año. Y con la H.R. 4437 ya aprobada en la Cámara de Representantes, estamos muy concientes que cualquier propuesta del Senado sería sujeta a más capitulaciones en el proceso de reconciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado, y probablemente produciría leyes que afectarían perjudicialmente a inmigrantes actuales y futuros por años.
Incrementar el control policíaco no considera los temas complejos de la migración mundial. Las sanciones a empleadores y el reforzamiento de la seguridad fronteriza han sido implementados por décadas para disuadir la migración, y aún el número de indocumentados continúa creciendo. Las fuentes de la migración surgen de los problemas de la inestabilidad económica y política, la pobreza y la guerra en diferentes países exportadores de trabajadores migratorios. A pesar de la urgencia del tema migratorio en este país, claramente no es sólo un tema doméstico y nuestras políticas necesitan apoyar la estabilidad económica, acuerdos de comercio justo, y la paz como esenciales en la contemplación de la migración de pueblos en busca de trabajo, supervivencia
y seguridad.
Continuaremos alzando nuestras voces exigiendo una reforma migratoria genuina que respete los derechos y la dignidad de todos los y las inmigrantes y que sea justa y equitativa. Los trabajadores inmigrantes, los estudiantes y las familias están haciendo sacrificios increíbles para alzar sus voces por sí mismos y por generaciones futuras, enfrentando las recriminaciones y los castigos de empleadores y escuelas. Mientras las comunidades inmigrantes continúan movilizándose por sus derechos el Primero de Mayo y más allá, nosotros y nosotras continuaremos apoyando sus derechos y sus alternativas a expresarse por sí mismos.
Nos comprometemos a amplificar nuestros esfuerzos para educar al público y la construcción y la movilización de alianzas significantes, y alentaremos y apoyaremos al liderazgo de la comunidad inmigrante en su afán de avanzar una reforma migratoria verdadera. Hacemos un llamado al Congreso y a la Administración a que hagan caso a las voces de las comunidades inmigrantes exigiendo genuinas reformas migratorias: una legalización verdadera, su inclusión justa en nuestra sociedad, y el respeto a los derechos humanos.
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Declaración Nacional para una Reforma Migratoria Justa y Equitativa
Abril 2006
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