Invasores explotan sin permiso manantiales para abastecer poblaciones y empresas
Que 102 hectáreas sean reserva ecológica comunitaria, proponen en Huitepec Ocotal
San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de marzo. Ya se sabe que en la nueva etapa el avance neoliberal sobre las tierras indígenas cuenta con dos recursos legales básicos: privatizar la propiedad para que sea vendible, o expropiarla a nombre del Estado con fines "ambientales". Ocurre ahora en toda América Latina. La reserva o área natural protegida (ANP), en las alturas del cerro Huitepec, contrapone ese proyecto de arriba y la resistencia popular.
El área es patrimonio histórico de cinco comunidades tzotziles: San Felipe Ecatepec, La Palma, Alcanfores, Huitepec Ocotal primera y segunda secciones. Sólo la primera tiene documentada su propiedad. La riqueza acuífera del Huitepec lo hace muy valioso, y pese a su cercanía con la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aún posee extensiones bien conservadas. Vecina al área que es hoy reserva zapatista se encuentra una reserva privada a cargo de Pronatura Chiapas; se paga por entrar.
Las presiones del mercado han orillado a las comunidades del Huitepec a abandonar el trabajo agrícola, comerciar la madera del bosque alto o vender sus predios para la especulación inmobiliaria. En fechas recientes la situación se calentó, pues hubo presiones para que el ayuntamiento coleto creara una reserva municipal; unas más interesadas que otras. En tanto, un grupo de pobladores de Alcanfores saqueaba el bosque, y los campesinos de Huitepec Ocotal segunda sección luchaban por proteger el área.
En julio de 2006, Maderas del Pueblo documentó que "los invasores, encabezados por Nazario López, ex agente municipal de Alcanfores, talaban indiscriminadamente", y que "otras personas de Alcanfores denunciaron la invasión de Nazario López; exigieron al municipio -con el apoyo de muchas personas de San Cristóbal, porque ese bosque es el principal pulmón y productor de agua- que se hiciera efectivo el decreto de Reserva Municipal".
El municipio priísta "tomó como bandera política la reserva del Huitepec, y levantó demandas penales 'contra quien resulte responsable' de la tumba de árboles, bajo el delito de ecocidio. Entonces pudieron girarse órdenes de aprehensión contra los zapatistas". Esto, mientras "López y su grupo, para protegerse, se hacían pasar por zapatistas". El terreno llevaba en disputa varios años, y regularmente hay operativos de la Profepa". Como el área cuenta con varios ojos de agua, también intervino la Comisión Nacional del Agua.
El 27 de septiembre, la junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo denunció "desde algún lugar de los Altos de Chiapas" (pues el EZLN se encontraba en alerta roja), la detención de dos bases de apoyo zapatistas. "Los compañeros estaban trabajando en sus terrenos ancestrales, pero elementos de la policía municipal y Profepa detuvieron a Pedro Jiménez Gómez y Juan Jiménez Sánchez. Los llevaron a las oficinas de la Procuraduría General de la Republica (PGR), donde fueron sometidos a interrogatorios. Los compañeros explicaron que sólo estaban trabajando en sus terrenos con azadón y rastrillo preparando un pedazo de tierra para sembrar hortalizas para consumo familiar, y no tumbando árboles".
Según la PGR, el lugar "ya pertenecía a terrenos nacionales, es orden del presidente Vicente Fox, y que su 'delito' es federal. Los compañeros contestaron que sólo saben que esos terrenos son de sus padres y abuelos", agregaba la JBG. Esto "motivó una movilización inmediata de los compañeros y compañeras de la sexta y la otra campaña de San Cristóbal de las Casas, para exigir la liberación inmediata de los detenidos". Fueron liberados bajo fianza, por 30 mil pesos; la JBG exigió que la suma fuera devuelta, "porque ese dinero no es para que se lo roben los que siempre se aprovechan de la gente inocente".
Las bases zapatistas de Huitepec Ocotal propusieron declarar 102 hectáreas como reserva ecológica comunitaria zapatista, a ser protegida y reforestada por la propia comunidad con el respaldo de la JBG. "Es su total derecho de proponer o decir cómo reservar sus terrenos ancestrales. Las bases de apoyo zapatistas de la comunidad nunca estuvieron de acuerdo con regalar las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, por eso se mantienen firmes en defender sus tierras y exigen que se les reconozca legalmente sus derechos ancestrales. Los manantiales se han explotado para abastecer otras poblaciones y empresas extranjeras como la Coca-Cola, sin que hayan pedido permiso o tomado en cuenta a los verdaderos dueños. Consideramos una injusticia y una violación de los derechos humanos al no ser respetado los derechos ancestrales de los pueblos indígenas", concluía la JBG.
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