Un nuevo y hondo malestar se masca en Santiago. En las paradas de autobuses y de metro, en barrios populares como La Victoria -trinchera de la resistencia a la dictadura-, en los pasillos de hospitales públicos y en las puertas de los colegios se expresa a viva voz una nueva conciencia sobre los problemas de Chile y acerca de los responsables de que el "modelo" -del que todavía se ufanan los políticos de derecha y de izquierda- esté dando claras señales de agotamiento.
En 15 meses el gobierno de Michelle Bachelet ha acumulado problemas y se le han abierto varios frentes. Primero fue la masiva y maciza protesta de los estudiantes secundarios contra una ley de educación heredada del dictador. La movilización puso sobre la mesa el problema del lucro en la enseñanza, que buena parte del oficialismo se resiste a cuestionar. Cuando aún no se habían acallado los ecos de las asambleas estudiantiles, llamadas a convertirse en un parteaguas de una cultura política que gira en torno a la representación, la puesta en marcha del Transantiago (sistema de transporte colectivo privado) provocó una crisis política que puede arruinar a la Concertación Democrática, la alianza demócrata cristiana y socialista que administra el sistema electoral chileno desde que en 1990 Pinochet dejó la presidencia. El malestar trepó varios grados a principios de mayo con el asesinato de un obrero forestal por el cuerpo de Carabineros, en el sur de los indígenas mapuches, donde la rabia ancestral se siente a flor de piel.
Por primera vez en años, los políticos se muestran preocupados por el rumbo que están tomando los acontecimientos. El "modelo" económico hace agua. Un reciente estudio de dos economistas de la Universidad de Chile, Orlando Caputo y Graciela Galarce, señala que en 2006 se produjo una salida récord de capitales: 25 mil millones de dólares, un 17 por ciento del PIB. Aseguran que la economía chilena vive un "agotamiento" y que "sólo el aporte de la minera estatal Codelco permite que no aflore una crisis". En el país que ha glorificado como ninguno al sector privado, es el sector estatal el que está salvando la situación.
La mayor parte de los capitales que se fugaron, o retornaron, según la jerga tecnocrática, pertenecen a la minería que se vio beneficiada con la desnacionalización del cobre.
El sindicalista Pedro Marín declaró al diario Clarín: "Codelco tiene 30 por ciento del negocio y las extranjeras 70 por ciento. Pero en sus aportes al fisco es al revés: Codelco aporta 70 por ciento y las exranjeras 30 por ciento, pese a sus ganancias". La impresión es que la situación económica del "modelo" pende de un hilo, pero de cobre: en 2003 se cotizaba a 80 centavos de dólar la libra, este año alcanzó los tres dólares. La salida de capitales en 2006 equivale a 84 por ciento del presupuesto del Estado y, de continuar, amenaza con frenar en seco el crecimiento.
La cuestión del Transantiago es más grave aún, porque desnuda ante la población la perversión del "modelo". El gobierno entregó a privados la remodelación del caótico sistema de transporte colectivo de la capital. El Transantiago se inspira en el Transmilenio de Bogotá: grandes unidades circulan por carriles separados con recorridos troncales y secundarios. Se estrenó en febrero y fue un caos. Faltan unidades porque los empresarios no quieren arriesgar. En los barrios más pobres, donde es menos rentable, los autobuses no llegan o lo hacen con enormes lagunas. La población debe caminar kilómetros para llegar a una parada donde puede esperar hasta una hora la llegada del autobús. Miles han perdido sus empleos por llegar tarde. Y el metro está tan congestionado que no da abasto.
A la bronca inicial, que generó algunas manifestaciones espontáneas, le siguió la indignación a medida que se conocen los niveles de improvisación y de especulación de los empresarios. Como el servicio da pérdidas (30 millones de dólares sólo en abril) el gobierno decidió auxiliar a los privados. El eficiente metro estatal fue forzado a prestar dinero al Transantiago y ahora el gobierno de Bachelet propone al parlamento un préstamo de 290 millones a una empresa privada que inclumplió contratos. Hasta diputados de la democracia cristiana cuestionan que el Estado esté apoyando la ineficiencia empresarial. El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un demócrata cristiano neoliberal, pidió que se establezca "un sistema de transporte estatal como en las grandes ciudades del mudo". Algo impensable unos años atrás.
Un sector de la gobernante Concertación difundió hace dos semanas un documento titulado Las disyuntivas, en el que pide "introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social". El oficialismo siente que se le hunde el suelo. Va más lejos. Critica un modelo para el que "más importante que la cohesión social de un país es su nivel de reservas fiscales"; denuncia "graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, protección del ambiente, precariedad laboral" y un largo etcétera; advierte sobre "la precaria calidad de nuestra democracia" y censura "las enormes injusticias y desigualdades". Casi un manifiesto de la oposición de izquierda.
En realidad el problema está en otra parte. Ahora la protesta social tiende a ir más allá de los sectores que siempre estuvieron a contrapelo del modelo neoliberal chileno, como el pueblo mapuche y la juventud contestataria, acotados y aislados por la represión. Una larga huelga en el sur, donde 7 mil obreros forestales doblaron el puño a los poderosos y soberbios empresarios del Grupo Angelini, uno de los más fuertes de Chile, es todo un síntoma de los nuevos tiempos. Los obreros usaron maquinaria pesada de la empresa para resistir a los Carabineros, con un saldo de varios heridos y un muerto.
En algún momento las protestas de obreros, pobladores, mapuches y estudiantes pueden confluir. Sabemos que cuando a los de abajo no los frena la represión, los de arriba empiezan a pensar en introducir cambios para retocar el maquillaje.
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