Nuevo estudio del CAPISE describe amenazas de muerte la comunidad autónoma
Intensifica la UES amagos de desalojo a bases zapatistas en 24 de Diciembre
Las familias acosadas podrían regresar a su estatus de desplazados de guerra, dice el análisis
Las Margaritas, Chis., 30 de julio. Los pobladores de 24 de Diciembre, bases de apoyo zapatistas, están en alerta continua ante los amagos de desalojo por parte de miembros de la oficialista Unión de Ejidos de la Selva (UES), que se han agravado en días recientes.
La comunidad 24 de Diciembre comprende 525 hectáreas de tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994. El ex gobernador y hacendado propietario de esas tierras era el general Absalón Castellanos Domínguez. El 17 de abril de 1994, las autoridades y los mandos zapatistas entregaron la tierra recuperada a 45 familias indígenas, bases de apoyo del EZLN.
Un nuevo informe del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) señala: "Después de trabajar la tierra por casi 11 meses, desde abril de 1994 hasta el 9 de febrero de 1995, cuando el Ejército federal lanzó un ataque aéreo, terrestre y anfibio contra el EZLN y sus bases de apoyo, las 45 familias de 24 de Diciembre (antes ejidatarios de Nuevo Momón) escaparon del ataque militar adentrándose en las montañas de la selva tojolabal. Luego de más de ocho días sin alimentos y a la intemperie, encontraron refugio en un poblado donde permanecieron un mes. Durante ese lapso, el Ejército federal seguía en búsqueda de las bases zapatistas, haciendo patrullajes e interrogando a pobladores de distintas comunidades. Las familias de 24 de Diciembre encontraron santuario en otro sitio más lejano por cinco años, y cuando ya no fue posible mantenerse allí por falta de tierras, leña y casas, recibieron santuario en otro poblado durante siete años. Estas familias han sido desplazados de guerra por más de 12 años. En febrero de 1995, cuando el ataque del Ejército federal, legalmente todos eran ejidatarios de Nuevo Momón".
Así hasta que el 24 de diciembre de 2006, las autoridades zapatistas entregaron nuevamente las 525 hectáreas de suelo recuperado a 31 familias que regresaron a su tierra y a lo que quedaba de sus casas. "Hoy, el poblado tiene una población total de 146 personas, amenazadas nuevamente de retroceder a su estatus de desplazados de guerra" prosigue el documento.
Indemnización a Castellanos Domínguez
En tanto los campesinos huían y resistían, el general Castellanos Domínguez fue indemnizado por la Secretaría de la Reforma Agraria mediante un decreto expropiatorio y un fideicomiso. "En 1998 el gobierno a su vez otorgó las 525 hectáreas de los pobladores de 24 de Diciembre a miembros de la Unión de Ejidos de la Selva de Nuevo Momón, Cruz del Rosario y El Edén", agrega el documento.
El pasado 17 de julio, 65 personas de la UES invadieron las tierras de la comunidad autónoma. El informe detalla que se asentaron en un lugar que bloquea el camino a las milpas. Allí establecieron un campamento permanente, muy cercano al campamento militar. Han tumbado árboles y robado más de 35 horcones de los zapatistas para construir casas de 12 metros de largo".
Hace unos días, miembros de la UES entregaron una carta, anunciando un plazo de 72 horas para que las bases zapatistas desalojaran el predio para "evitar un enfrentamiento entre campesinos"; exigen el "desalojo voluntario" y advierten estar "dispuestos a derramar sangre". Firman la carta el "comisariado ejidal" Miguel Cruz Hernández, y el "consejo de funcionamiento", Flavio Hernández López, del supuesto poblado "Gracias a Dios".
Según la investigación de CAPISE, los invasores de la UES de Nuevo Momón y Cruz del Rosario se coordinan con el campamento militar, y se asentaron a menos de 500 metros del mismo. "Con descaro, los de UES entran al campamento militar con papeles y salen con cubetas de las cuales se desconoce el contenido". Cabe señalar que el mismo día de la invasión de tierra, la Policía Sectorial se instaló cerca, en el desvío a Matías Castellanos.
El campamento militar, instalado en febrero de 1995, abarca 24 hectáreas de las 525 recuperadas por el EZLN, y reúne a los batallones de infantería 91 y 20. El primero forma parte de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes).
Se han involucrado en el conflicto también pobladores de Olonjá, Santa Fe y Ojo de Agua, todos de la UES, y ya poseen tierras. La mayoría son ejidatarios de Nuevo Momón, incluyendo las extensiones que robaron a los zapatistas después de 1995. "Ahora tienen tierras en Nuevo Momón, y también en Olonjá, Santa Fe, Ojo de Agua, y por si esto no fuera suficiente, quieren también las 525 hectáreas recuperadas por EZLN en 1994".
El grupo priísta alardea que desalojará 24 de Diciembre con "armas de fuego"
"¿Creen que nos vamos a dejar?", dicen bases zapatistas ante amagos de la UES
Comunidad 24 de Diciembre, Chis., 31 de julio. Para fines prácticos, esta es una comunidad indígena sitiada por el Ejército federal y la policía sectorial de Chiapas en evidente alianza con miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES), quienes amenzan con un desalojo y alardean que lo harán con "armas de fuego" que nadie ha visto hasta ahora. Hay aquí una defensa del territorio, los bosques, las fuentes de agua, el derecho a la tierra y al trabajo. Y una insidiosa estrategia de guerra y castigo contra los tojolabales que desafiaron al gobierno y a los terratenientes.
Esta comunidad del municipio autónomo San Pedro de Michoacán representa el punto nodal de una refinada campaña de contrainsurgencia que se ha desarrollado durante muchos años. El actual "conflicto" no surge de la nada. Fue precisamente con miembros de la UES en Nuevo Momón, Cruz del Rosario y otras poblaciones que realizó una constante labor de dádiva-y-avituallamiento el delegado federal para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez; fueron sus "plazas fuertes" entre 2001 y 2006, y "blanco" privilegiado de las políticas públicas después del alzamiento zapatista.
La operación en curso contra estas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuenta con un inusual sustento ideológico y académico, respaldado abierta o vergonzantemente por la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, la Secretaría de la Reforma Agraria, el Instituto Federal Electoral, El Colegio de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es interesante cómo se sobrepone el barniz de ciencia social e investigación de campo (no tan de campo como se presenta, pero en fin) al paciente y costoso trabajo de inteligencia militar y ocupación castrense en esta misma porción de la cañada tojolabal.
No es dato menor que estas tierras pertenecieran a un general. Y no uno cualquiera. Absalón Castellanos Domínguez, heredero de una dinastía de latifundistas comitecos, fue jefe militar de la región cuando gobernaba Juan Sabines padre, y como tal responsable directo de la matanza de Wolonchán (casi desconocida, pero mayor que la de Acteal) a principios de los años 80. Después gobernador. Siempre represor. Durante las primeras semanas de 1994 fue prisionero de guerra del EZLN. En 1995 entregó al Ejército federal un predio en una de sus varias fincas, El Momón, para la instalación de la base de operaciones que hasta la fecha controla el acceso a la cañada tojolabal, de fuerte presencia zapatista y autónoma.
En marzo de 2007, simultáneamente al inicio de las agresiones por parte de miembros de la UES contra 24 de Diciembre, se publicó el extenso estudio La comunidad armada rebelde y el EZLN, de Marco Estrada Saavedra (El Colegio de México, 2007, 625 pp.), entre cuyas principales fuentes de información "local" (aunque diluida, o estirada mediante presuntos ex zapatistas y un cierto reojo al municipio rebelde tojolabal y la junta de buen gobierno de La Realidad), se encuentran los asesores de la UES y sus miembros en Cruz del Rosario, Nuevo Momón y otras poblaciones.
El estudio, que ha tenido una previsible buena acogida en reseñas, reportes periodísticos y columnas políticas, fundamenta sociológicamente las tareas de mediatización desarrolladas en esta zona por el delegado de Vicente Fox y ciertos colaboradores suyos, adscritos a centros académicos paragubernamentales en Chiapas y la ciudad de México.
Otro aspecto de importancia es que algunos de los campesinos de UES que reclaman estas tierras son ya propietarios de ranchos y predios en diversas comunidades. Es el caso de Lorenzo Juárez López, actor y promotor de la invasión paramilitarizada en 24 de Diciembre, con propiedades en Nuevo Momón y Ojo de Agua. Todos participan en empresas productivas y comerciales ligadas a la UES, como El Café de la Selva; se benefician de los diversos proyectos gubernamentales y respaldan ampliamente la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede). Caciques pues. E informantes "colectivos" para el mencionado libro de El Colegio de México. Independientemente de sus posibles virtudes como síntesis históriográfica e interpretacion sociológica "de caso", el libro funciona como una pieza de la estrategia de confrontación entre comunidades.
Como parte de su pedigrí político, la priísta UES se vincula con el grupo Sociedad Campesina Magisterial (Socama), al grado de ser parte de la llamada "Socama verde". Esa corriente del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación se asoció abiertamente a la creación de grupos paramilitares como Paz y Justicia (en la zona norte) y los sicarios de los Altos que perpetraron la matanza de Acteal.
Ante la franca hostilidad de los invasores del terreno autónomo, los zapatistas muestran sorpresa al verlos tan "envalentonados" cuando anuncian su intención de destruir las 16 hectáreas de milpas y frijolares de los zapatistas y quemar sus casas con gasolina. "¿A poco creen que nos vamos a dejar?", se preguntan los rebeldes.
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