REPORTAJE /A diez años de Acteal
Grupos armados de priístas preparaban ofensiva desde octubre: autonomías
Meses antes de la matanza, el surgimiento de bandas se desató sin que las autoridades intervinieran, lo que fue denunciado por activistas
Para fines de octubre de 1997, La Jornada ya cubre constantemente los hechos que se suceden en Chenalhó, y entre lo tupido y lo complicado de la situación, los corresponsales no se dan abasto. El día 28, uno de ellos reporta desde distintos puntos de la geografía pedrana lo siguiente:
En medio de la carretera, frente a la comunidad de Acteal, dos camiones de tres toneladas llenos de indígenas priístas armados y con los rostros descubiertos entorpecen el tráfico. Son 40 hombres venidos de distintas comunidades que se preparan en plena vía pública para bajar, por segundo día consecutivo, a la comunidad de Chimix, donde habría de registrarse este martes un segundo enfrentamiento con simpatizantes zapatistas.
En las montañas de Chimix han habido, desde el pasado domingo 26, enfrentamientos de militantes de los partidos Revolucionario Institucional y Cardenista contra simpatizantes del EZLN, dejando un saldo de por lo menos ocho personas heridas.
“Es mentira que zapatistas emboscaron a miembros del PRI. Los priístas llegaron el lunes acompañados de la Seguridad Pública y agredieron a los simpatizantes zapatistas de Chimix; ellos protegieron a su familia y se defendieron”, aseguraron Antonio Pérez, Mariano Luna y Domingo Pérez Paciencia, miembros del consejo municipal autónomo de Polhó.
Para los representantes del gobierno autónomo, las cuatro personas heridas –Juan Pérez Hernández, Elías Pérez Pérez, Lorenzo Ruiz Vázquez y Agustín Pérez Gómez– no fueron emboscadas, sino que resultaron lesionados en el enfrentamiento. “Los compañeros respondieron para proteger a sus familias, después huyeron a las montañas y a las comunidades cercanas”.
En la región comprendida entre la comunidad zapatista de Polhó y la comunidad cardenista de La Esperanza (ya en los linderos de Pantelhó) se vive una fuerte tensión. Los simpatizantes del EZLN han reforzado su vigilancia alrededor de la comunidad donde se encuentra el consejo autónomo y, por su parte, los priístas-cardenistas recorren los principales caminos y mantienen una vigilancia permanente de los accesos a las comunidades consideradas zapatistas.
La mayoría de sus 400 familias –priístas y zapatistas– abandonaron Chimix. De acuerdo con la información proporcionada por campesinos del lugar y el propio consejo autónomo, unas 170 familias volvieron a dejar sus viviendas en Yaxjemel, 54 más se fueron de La Esperanza, 30 familias salieron de Aurora Chica, cerca de 300 abandonaron Chimix y dos docenas de Puebla.
La mayoría de los indígenas que huyeron de sus comunidades por temor a ser agredidos por grupos armados –priístas y zapatistas– se encuentran refugiados en las comunidades de Tzajalchén, Naranjatic Alto, Poconichim y Polhó, en la cabecera municipal de Chenalhó y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo con información obtenida en el recorrido por varias comunidades de Chenalhó, los grupos armados priístas –igual al que encontramos en la comunidad de Acteal– estaban concentrados desde hace cinco días en Bajo Beltic y, según el consejo autónomo de Polhó, se espera una fuerte embestida de los grupos paramilitares contra otras comunidades zapatistas.
Llamado a negociar
En otras informaciones de esa fecha (La Jornada, 29 de octubre) fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado informaron que unos 300 policías de Seguridad Pública “pusieron en marcha hoy un operativo de despistolización en Chenalhó para evitar nuevos hechos de violencia”. A la luz de los hechos que no dejaron de ocurrir, el frívolo operativo no ocurrió jamás.
Por otra parte, representantes de los municipios de rebeldes de los Altos de Chiapas pidieron a los priístas que “reflexionen’” y “se acerquen para buscar soluciones pacíficas sin la intervención del mal gobierno y sus funcionarios corruptos, que sólo quieren que haya división y enfrentamientos entre indígenas”.
En un documento dirigido a los priístas de Chenalhó, los representantes de los municipios autónomos agregaron: “No es justo que nos sigamos matando entre indígenas sólo porque no somos de la misma organización, partido o religión”, precisaron. Asimismo, acusaron a los presidentes municipales del partido oficial de ser los causantes de la división entre los indígenas y de “engañar a los priístas, con todo el dinero que les da el gobierno, y por eso no les conviene que haya una solución”.
Los autónomos aseguraron que “no queremos pelear contra nuestros hermanos indígenas, por eso nos hemos aguantado hasta donde hemos podido, pero si ustedes comienzan a provocarnos no nos queda más camino que defendernos. No podemos quedarnos callados”.
Se precipitan los acontecimientos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) elaboraría sus propia relación de los tumultuosos acontecimientos: “El consejo autónomo de Polhó informó que el 23 de octubre, a bordo de un camión de tres toneladas, propiedad del municipio de oficial, un grupo de priístas, junto con elementos de la policía de Seguridad Pública, agredió con arma de fuego al señor Manuel Santiz Gómez en la comunidad de Las Láminas. Como resultado de esta agresión, 28 familias (130 personas) salieron huyendo a las montañas cercanas” (El camino a la masacre, diciembre de 1997).
El 25 de octubre, “en un enfrentamiento en las inmediaciones del entronque de Majomut” resultaron heridos Mariano Pérez Santiz, Lucio Luna Guzmán, Manuel Vázquez Pérez, Agustín Gómez Negocio, Juan Luna Entzín, Abelardo Girón Luna, Antonio Entzín López, Andrés Santiz Jiménez, Sebastián Gómez Arias, Cristóbal Ruiz Pérez, Miguel Vázquez Vázquez y María Vázquez Pérez. “Todos ellos, al parecer originarios del ejido Los Chorros y militantes del PRI y del Partido Cardenista (PC). Los heridos fueron trasladados de urgencia a San Cristóbal de Las Casas. Algunas de las víctimas fueron dadas de alta el mismo día. La agresión se llevó a cabo por un grupo embozado al parecer miembros del municipio autónomo. Las autoridades municipales autónomas lo negaron”.
El 27 de octubre por la mañana un grupo de paramilitares armado con rifles de alto poder, originario de Los Chorros, se trasladó a Chimix, en el norte del municipio. “Al llegar a la comunidad dispararon al aire para amedrentar a la población. De igual manera destrozaron la tienda de Manuel Pérez Luna y saquearon sus pertenencias”.
El CDHFBC relata: “Al día siguiente, 28 de octubre, los mismos individuos armados regresaron a Chimix. En esta ocasión la comunidad ya los esperaba. Se registró un enfrentamiento en el cual, según la subprocuraduría de Justicia, resultaron heridas cuatro personas”. El 12 de noviembre aparecería en Chimix el cadáver de Benito Moreno Hernández y la subprocuraduría informó que “había perdido la vida en el enfrentamiento”.
En la comunidad de Canolal, un grupo de priístas quemó el día 27 varias viviendas y expulsó a los simpatizantes del municipio autónomo. Los desplazados se refugiaron, al parecer, en la comunidad de Santa Cruz. Según estimaciones del CDHFBC, en esa ocasión se desplazaron unas mil 200 personas.
El 29 de octubre, Manuel Anzaldo Meneses (miembro del comité estatal del Partido Cardenista, “ex guerrillero” presunto, pues nunca lo fue, considerado en la región como uno de los líderes de los paramilitares, y a la sazón representante de un grupo, Los Chorros) dijo a la reportera Gabriela Coutiño del oficialista diario local Cuarto Poder “que la responsabilidad de todos los hechos violentos la tienen los zapatistas de la región”. Esa misma fecha, en las inmediaciones de Majomut, Lorenzo Jiménez fue arbitrariamente detenido por elementos de la SP y el juez municipal. “Ante la protesta de los vecinos y la exigencia de que mostraran alguna orden de aprehensión fue liberado”.
El 3 de noviembre, el municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en acusó al gobernador Julio César Ruiz Ferro de “armar” a paramilitares y guardias blancas. El consejo informó también que Cirilo Hernández López, su secretario municipal, fue sobornado por las autoridades priístas con un típico cañonazo de 50 mil pesos. Ni un peso más ni menos, para robar un vehículo. Él mismo reconoció luego que Marcos Hernández López (presidente municipal priísta de San Andrés) “le platicó que al principio existían 50 guardias blancas, pero que en los días recientes se han incrementado en todo el municipio, y que reciben entrenamiento militar en la casa del padre Diego Andrés Locket (quien siempre se enfrentó a la diócesis indígena de Samuel Ruiz) para atacar a los ‘perredistas’. Dijo Marcos Hernández que primero recibió 100 armas que mandó el gobernador del estado y recientemente recibió más y que lo repartieron en la noche en la casa del sacerdote” (La Jornada, 4 de noviembre).
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