“No es que tenga miedo, pero si los miro tengo que correr. Cada rato me están correteando, y si me atrapan me llevan a la cárcel”, dice Juan, un joven de 17 años nacido en Pomona, ciudad del este de Los Ángeles, California, habitada mayoritariamente por personas de origen latino. Juan está fichado por la gang injuction, ley que restringe la libertad a jóvenes sospechosos de pertenecer a alguna pandilla.
“Era de noche. Veníamos de la casa de un amigo, y ya nos íbamos a nuestra casa cuando nos salió un policía caminando y nos empezó a empujar y maltratar. Nos tumbó al suelo y arrestó. Luego hizo que nuestros padres firmaran ese papel, porque si no me iban a llevar a la cárcel. El papel era de la gang injunction. Tengo 17 años, y desde hace casi dos estoy registrado en esa norma. Mi vida cambió completamente. Ahora no puedo estar en la calle. Es como estar preso.”
La gang injunction es una ley racista, aplicada en su gran mayoría a personas de origen latino y afroamericano. Las medidas son inconcebibles y violatorias de los derechos humanos. Ahora, por ejemplo, usar cierto tipo de ropa, juntarse en la calle con otras personas, hacer ciertos ademanes y usar teléfono celular o andar en bicicleta puede ocasionar sentencias de 6 meses de cárcel, además de las penas restrictivas que limitan la libertad fuera de la prisión. (La norma aplica cuando el gobierno de la ciudad solicita su implementación en cierta parte de la ciudad y para ciertas pandillas).
Relata Juan: “desde que te aplican la ley no puedes estar así como ahorita, porque somos considerados pandilla si hay más de tres personas en la calle”. A partir de que lo ficharon, todos los que se junten con él también pueden serlo. Héctor explica: “si ahorita pasa la patrulla, todos corremos. Porque por estar hablando con él todos vamos a ser considerados parte de una pandilla”.
El pequeño grupo de jóvenes habla en una calle de Pomona. Hay unos, como Luis, que aún no están fichados, pero su nombre ya figura en la base de datos: “lo que pasó con nosotros fue que estábamos juntos. Algunos pandilleros, otros no, pero todos amigos. Llegaron como 20 policías armados y nos sentaron en la calle. Nos tomaron fotos, agarraron los documentos y desde ahí estamos supuestamente involucrados con una pandilla. Eso se queda en tu récord y cada que vas a la Corte, si pasa algo, el juez lo usa para decir que somos peligrosos. Es como decir que no podemos estar en nuestra propia tierra, en el propio vecindario. Ellos te califican de terrorista doméstico, de peligro para la sociedad”.
“¿Cómo resistir? Las comunidades tenemos que organizarnos, y dejar de dispararnos unos a otros. Nuestra idea es educarnos entre nosotros, porque aquí todos tenemos algún conocimiento. Aquí todos saben algo. Con la educación en los diferentes barrios, entre padres y madres, se puede ver, por ejemplo, que no es bueno llamar a la policía, que la policía es nuestro enemigo. Ya hemos hecho algunas cosas, como un jardín comunitario y otros proyectos. Así vamos avanzando…”
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