Es muy probable que el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantesco presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Colombia.
Más allá de las declaraciones, todo indica que la segunda fase del Plan Colombia no estará dirigida hacia lo que declaran sus promotores, como ya sucedió con la primera fase. Un buen ejemplo es lo que viene sucediendo con los cultivos de coca. Es cierto que el volumen de cultivos parece haber disminuido en Colombia, pero se mantiene estable en los últimos años, y en una década las exportaciones de cocaína a Estados Unidos no han decrecido y registraron un récord en 2007. Según diversos análisis, lo que está sucediendo es una difusión de los cultivos a otras regiones y a otros países. Más aún, las técnicas de los exportadores se vienen perfeccionando con la construcción de decenas de semisubmarinos que pueden transportar hasta 12 toneladas de cocaína cada uno. La Guardia Costera estadunidense informa que este año espera capturar hasta 120 submarinos de los narcos frente a los 23 capturados en los últimos años. La proclamada guerra contra las drogas es un fracaso inocultable.
Por otro lado, la prensa colombiana informa estos días que los paramilitares están de retorno luego de unas breves vacaciones. El grupo más activo se denomina ahora Águilas Negras. Cuenta con unos 4 mil efectivos procedentes de paramilitares que no se acogieron a la desmovilización auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe y por nuevos efectivos reclutados por los narcotraficantes, con los cuales estos grupos tendrían especial afinidad. Días atrás lanzaron amenazas de muerte contra los movimientos sociales convocantes de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo. Una parte considerable de esos grupos actúa cerca de la frontera con Venezuela.
Respecto de la guerrilla, aunque debilitada está lejos de ser derrotada, y aunque ha sido duramente golpeada en varias regiones, su principal retaguardia, en las selvas del sur, se mantiene intacta. Ahí fracasó estrepitosamente el Plan Patriota, que pretendió desalojar a las FARC de una región que conocen y controlan hace tiempo. En resumidas cuentas, el Plan Colombia I consiguió algunos resultados, pero está lejos de ser un éxito, por lo menos en función de los objetivos declarados. Sin embargo, tanto el Plan Colombia I como su segunda fase están dando muy buenos resultados en dos aspectos no declarados y ni siquiera mencionados lateralmente en la propuesta: los negocios marchan viento en popa y la desestabilización de la región ha escalado varios pasos.
En efecto, el llamado “clima de negocios” que se respira en las principales ciudades del país, que se resume en las inversiones extranjeras directas, revela que Colombia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Hoy se coloca sólo detrás de México, Brasil y Chile en su capacidad de captar inversiones. Se asegura que la mayor seguridad es lo que explica esta afluencia de capitales. En realidad, gracias a la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia hay ya 4 millones de desplazados, 10 por ciento de la población del país, que están siendo expulsados precisamente de aquellas zonas apetecidas por el negocio multinacional. Puede decirse que la política del desplazamiento forzado es funcional, y necesaria, para el aterrizaje de las multinacionales.
El Plan Colombia II pretende actuar de modo decisivo sobre las dos fronteras calientes: Venezuela y Ecuador, además de profundizar la penetración en la región del Cauca, donde opera el movimiento indígena colombiano, el único actor social capaz de plantarle cara a la guerra y a las multinacionales. Ello augura un futuro inmediato más que complejo para el subcontinente. La acción militar del primero de marzo puede ser apenas la primera de una serie destinada a desbordar la guerra interior más allá de las fronteras, siguiendo los pasos de los cultivos de coca. No se trata de una desviación sino de un efecto deseado. La política hegemónica de Washington pasa por la desestabilización de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero también por acotar las iniciativas provenientes del Mercosur. De ahí la reciente propuesta de Brasil de crear un Consejo de Seguridad de Sudamérica, que incluye sólo a los 10 países de la región.
Según el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, se trata de una iniciativa brasileña que de forma explícita excluye a Estados Unidos. La iniciativa comenzó a ser diseñada durante la crisis militar entre Ecuador, Venezuela y Colombia y se propone el control de las fronteras, la lucha contra grupos ilegales y la posibilidad de participar en operaciones de paz como las que encabeza Brasil en Haití, en la que participa un amplio contingente militar de la región. Otras versiones aseguran que la creación del Consejo de Seguridad regional fue pactado en la reciente visita de Condoleezza Rice a Brasil, ya que Washington seguiría interesado en que el país de Lula modere los ímpetus de Venezuela y Bolivia.
Aún es pronto para saber cuál de las dos lecturas es la más cercana a la realidad. Sin embargo, ya sabemos que la segunda fase del Plan Colombia está destinada a barrer con aquellos que desde los movimientos y los gobiernos se oponen, aun parcialmente, a la política de “dominio de espectro total” diseñada por las multinacionales y el imperio.
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