La palabra “guerra” se ha vuelto más familiar, más trivial, y también más grave en los últimos tiempos. No se mencione el contexto internacional, que ya qué decir. Ni siquiera el latinoamericano, donde casi de la nada se han dibujado escenarios probables de guerras internacionales y de secesión que hace poco quién hubiera dicho. No. Baste con mencionar lo que acontece en México.
¿Qué guerras tenemos? Oficialmente dos, sangrientas y visibles. La que muy publicitadamente declaró el gobierno al narcotráfico (¿o fue al revés?). Y la que libran entre sí bandas y cárteles; ésta deriva en otras, dependiendo de las complicidades con diversos sectores del bando oficial. Una colección de guerritas alimentadas por una corrupción bicéfala: la del crimen organizado, y la del atomizado poder gubernamental (a río revuelto, ganancia de inversionistas y gobernadores).
En México se practica una persecución tan virulenta contra los inmigrantes centroamericanos (cuyo destino principal no es nuestro país), y ya institucionalizada y bendecida por la panista Cecilia Romero, que además de vergüenza nacional es una suerte de guerra. De la más abusiva clase: contra personas pobres, aisladas e indefensas.
Pero guerra, lo que se dice guerra, es la que libra el gobierno federal contra los pueblos indígenas. Nahuas de Zongolica y la Huasteca.
Pueblos zapotecos de la sierra y de la Mixteca oaxaqueña. Mepha’a, mixtecos, nahuas y amuzgos de Guerrero. Un puñado de guerras no declaradas y hasta vergonzantes, pero que cuestan vidas, desalojos, violaciones, cárcel, heridos graves.
De unos años acá existe una efervecencia guerrillera o insurrecional de contornos difusos, quintaescenciada en las acciones y declaraciones del Ejército Popular Revolucionario, con el cual el gobierno ensaya una limitada “negociación”, al calor de los atentados del epr contra instalaciones petroleras y la desaparición violenta de dos miembros suyos, de la cual las autoridades federales insisten en deslindarse. Por ése, y otros casos, tal guerra tiene desaparecidos. Que lo señalara Amnistía Internacional a fines de mayo desató una soberana pataleta de Juan Camilio Mouriño, secretario de Gobernación, y sus columnistas de cabecera.
Todo esto ha provocado una degradación, a niveles históricos, de los derechos humanos en México. Otra cosa es que haya, como nunca, vigilancia y solidaridad nacional e internacional.
Pero la única guerra declarada formalmente, con dos fuerzas confrontadas en un territorio definido, es la que no ha dejado de transcurrir en Chiapas todos los días desde 1994. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene una actitud pacífica, no beligerante, desde el 12 de enero de aquel año, amparado en una ley para la paz y la concordia del Congreso de la Unión. No obstante, esa guerra no ha cesado pues cuatro sucesivos gobiernos federales y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no dejan de escalarla y administrarla a distintas intensidades contra las comunidades zapatistas en más de 40 municipios autónomos.
Contrainsurgencia económica, educativa, agraria, y con frecuencia armada. Vasta militarización de las montañas y la selva. Un dispositivo bélico letal e intacto, a pesar de la expresa voluntad de paz de los pueblos en resistencia y de su ejército indígena.
Desde fines de mayo de 2008 dicho dispositivo, en aparente letargo, se puso en marcha sin otro motivo que la provocación, escudado en pretextos como la búsqueda de mariguana, maderas preciosas o videos piratas. Y como siempre sucede, las comunidades (hombres, mujeres, niños y ancianos) salen al paso de las tropas que intentan ocupar sus campos y poblados, y las obligan a retroceder.
Por si no lo sabían el Ejército federal, las policías y los desdeñosos medios de distracción masiva, la determinación de los pueblos en resistencia permanece también intacta, y ha conquistado una legitimidad innegable, no sólo en sus demandas, sino en sus acciones de gobierno (pues construyeron gobiernos autónomos) y sus iniciativas políticas pacíficas.
Mas el gobierno busca la guerra. Se saca de la manga provocaciones y difamaciones. ¿Por qué desestabilizar las difíciles zonas indígenas de Chiapas, donde las juntas de buen gobierno y las políticas firmes pero conciliadoras de los zapatistas garantizan una gobernabilidad regional que ya quisieran en la República del licenciado Calderón Hinojosa?
Ha de ser por eso.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/oja134-Umbral.html
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We are a group of friends that know and worked with a young woman named Joy Loftin while she was employed at the Vanderbilt YMCA here in New York City. During the length of her employment, several extremely disturbing incidents occurred that cause us to be concerned and call into question the motives and the integrity of Shan Colorado Finnerty, Hortensia Colorado, and Elvira Colorado.
On several occasions, Joy came to work with visible bruises on her neck and arms. She eventually explained to us that Shan had punched, beaten, and choked her and she asked us for help. As wardens for the community, we tried to place Joy in women’s shelters around the city in an effort to mitigate the abuse. However, at the urging of Shan’s mother and aunt, Hortensia and Elvira, she returned to their apartment and refused to press criminal charges against Shan Colorado Finnerty. The abuse continued and one day, she came to work very early, visibly distressed and crying, with more bruises and abrasions. She said that Shan had verbally abused and beaten her once again; that she wanted to return to California, and that she was going to quit her job and reunite with her family. She tendered her resignation later that week. Out of concern for her safety and in an effort to find out what happened to her, we requested an officer from the domestic violence unit of the 5th Precinct conduct a welfare check at their home on Kenmare Street. However the officer was unable to find anyone at the apartment, and therefore could not verify that Joy was safe. We realize that she is suffering from battered women’s syndrome and may be unable to help herself due to the isolationist environment that the Colorados have formed around her. Abusive men are often enabled by their family, while the victim is persuaded to believe the abuse is her fault, and the pattern of emotional and physical trauma continues. Taking into consideration what has happened to Joy Loftin, it is especially deceitful that their display "Altar: El Llanto De La Resistancia" at the American Indian Community House was in part dedicated to victims of domestic violence.
In light of these events, we are dismayed, disappointed, and outraged to know that members of the American Indian Community would commit, condone, and perpetuate domestic abuse and violence, while simultaneously conducting workshops, writing and performing plays, and displaying works and art that would have the public and those who support them believe otherwise. It is a vulgar and offensive misrepresentation of American Indian Culture, and further support of Coatlicue Theater, Hortensia Colorado, Elvira Colorado, Shan Colorado Finnerty and their work is tantamount to supporting domestic abuse and violence. Considering their duplicitous behavior, having them represent American Indian Culture is an insult to the dignity of American Indians and an affront to human beings.
We therefore will not attend nor support any Coatlicue Theater productions or events where they will be featured. We will be encouraging others that might consider attending, participating, or funding them to do the same. Our actions are warranted, and to be associated with the aforementioned individuals and Coatlicue Theater would be equivalent to enabling and contributing to such offensive behaviour. We are urging everyone to reevaluate their support of Coatlicue Theatre and the Colorados, and question the individuals concerned. Until the responsible individuals are held accountable and measures are taken to verify that the abuse is no longer occurring, we will continue with our boycott of Coatlicue Theatre and we will strongly urge others to do the same.
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