Fue el valor y la lucidez que escuché en la voz de Gloria Arenas, ex comandanta guerrillera, luchadora social y presa política, detenida ilegalmente desde hace nueve años, lo que me llevó a cruzar las puertas del reclusorio femenil de Santa María Chiconautla, para conocerla personalmente y registrar su testimonio. Su análisis detallado sobre la continuidad histórica de los grupos de poder que, desde la llamada guerra sucia hasta nuestros días, han violado los derechos humanos de los movimientos sociales, nos llegó vía telefónica hasta el auditorio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como ponencia a una de las sesiones del Foro Académico Mujeres, Violencia e Impunidad. Las paredes del reclusorio no pudieron encarcelar su voz, que logró liberarse para denunciar, no las injusticias sufridas por ella y por su esposo, Jacobo Silva, sino por miles de presos políticos que en las últimas décadas han sido víctimas de los mismos grupos represivos que utilizan la retórica de la democracia y los derechos para criminalizar los movimientos sociales.
Desde ese entonces ha escrito desde la cárcel un diagnóstico detallado sobre La prisión política en México, que es uno de los documentos más completos y actualizados que existen a la fecha sobre el tema (elaborado conjuntamente con Eugenia Gutiérrez; ver http://mujeresylasextaorg.wordpress.com). En días pasados nos compartió también una de las críticas más incisivas a la violencia patriarcal por parte del Estado mexicano y dentro de los mismos movimientos sociales (¿Cuánto vale la vida de una mujer?). Su análisis apunta hacia la importancia de la lucha antipatriarcal como parte integral de la lucha por la justicia social, y denuncia las complicidades y silencios de una izquierda que no se ha atrevido a cuestionar su propia violencia y misoginia.
Al conocerla personalmente y escuchar su historia y su análisis de la coyuntura actual, corroboré mi primera impresión de que se trata de una de las voces políticas más lúcidas y consecuentes de la izquierda mexicana. De ahí el interés del gobierno por mantenerla secuestrada, pues su encarcelamiento después de haber ganado el 12 de marzo pasado un amparo interpuesto ante el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Acapulco, Guerrero, puede ser considerado como un nuevo secuestro.
Pero no es el primero que sufre Gloria, pues en abril de 1981 fue secuestrada y torturada sicológicamente por fuerzas policiacas en su natal Orizaba, durante la gubernatura de Agustín Acosta Lagunes, a raíz de su participación en movilizaciones sociales en apoyo a luchas campesinas de la Sierra de Zongolica. Esta experiencia y las amenazas contra su familia la llevaron a migrar a Guerrero y a optar por la clandestinidad. Posteriormente, al ver cerradas todas las posibilidades de lucha pacífica, decidió incorporarse a una organización político-militar.
Nuevamente fue secuestrada el 22 de octubre de 1999 en San Luis Potosí, cuando fue detenida ilegalmente por hombres fuertemente armados
, según reportó al día siguiente La Jornada San Luis. Dos días antes su esposo había sido secuestrado en la ciudad de México por un grupo de hombres disfrazados de indigentes, que lo torturaron y lo llevaron vía aérea hasta San Luis Potosí, donde Gloria lo vio golpeado en la camioneta en que ella misma fue privada de su libertad. Una pareja más de campesinos guerrerenses fue detenida ese mismo día en Chilpancingo. Se necesitaba por lo menos a cuatro personas para poder configurar el delito de delincuencia organizada
. Como parece ser una práctica común de las fuerzas policiacas mexicana, la detención fue recreada con base en una versión falsa de que los cuatro fueron detenidos en la montaña de Guerrero.
Sin ninguna prueba, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis fueron acusados de haber participado en un enfrentamiento entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Mexicano, que ocurrió el 16 de julio de 1996 en la carretera Tixtla-Chilapa. A partir de este hecho, se les acusó de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, rebelión y daño en propiedad ajena. El 13 de noviembre de 2002 fueron sentenciados condenatoriamente y se les impuso una pena de 49 años, 11 meses y 29 días. Desde entonces han ganado dos amparos, y han ido probando su inocencia en cada una de las acusaciones, aceptando únicamente el haber cometido el delito de rebelión, por el que debieron purgar una condena de seis años, 11 meses y 19 días. Llevan ya tres años más detenidos ilegalmente, literalmente secuestrados por el gobierno mexicano. Si los operadores de la justicia que los mantienen detenidos no quieren ser acusados de secuestro equiparado
, uno de los principales delitos que dice combatir el gobierno mexicano, deben hacer efectivas de inmediato las órdenes de liberación de Jacobo y Gloria emitidas hace dos semanas por el juzgado de Naucalpan.
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