Gloria Muñoz Ramírez
En Chiapas hay una alerta. A partir del 8 de mayo hay nuevos presos políticos zapatistas: uno, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y siete integrantes de la otra campaña. Todos ellos víctimas de una conspiración política del más alto nivel, que tiene como trasfondo el control oficial y privado de los lugares turísticos del estado, concretamente de las ansiadas cascadas de Agua Azul. En Chiapas hay un llamado urgente no sólo a mantenerse pendientes, sino a, desde ya, condenar la encarcelación de los ocho tzeltales sometidos a un proceso plagado de irregularidades: torturas, tratos degradantes, arraigos ilegales, falta de intérpretes y, finalmente, la inculpación de una serie de delitos (robo con violencia y delincuencia organizada) que en situaciones normales (¿o la normalidad es la injusticia?) jamás podrían comprobarles por la sencilla razón de que son inocentes y dos de los verdaderos culpables permanecen bajo custodia por las autoridades autónomas zapatistas.
El pasado 13 de abril, la policía estatal y la federal preventiva detuvieron, torturaron y arraigaron ilegalmente a seis pobladores tzeltales del ejido de San Sebastián Bachajón. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha seguido el caso desde el primer momento, constató las señales de tortura mediante las cuales, señalan los detenidos, fueron obligados a firmar una declaración inculpatoria. Posteriormente fueron aprehendidos Alfredo Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno, este último base de apoyo del EZLN, contra quienes se cometieron las mismas arbitrariedades.
Nada es casualidad en este proceso. Los nuevos presos políticos son luchadores sociales del ejido Bachajón, justo el acceso a las esplendorosas cascadas de Agua Azul, defienden sus derechos territoriales y rechazan cualquier plan gubernamental que no los contemple, como la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque, el proyecto turístico más ambicioso del gobierno de Juan Sabines. Las presiones para despojar a los ejidatarios tzeltales no son nuevas. El 4 de noviembre de 2008, Jerónimo Moreno Demeza fue baleado por un miembro de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), grupo paramilitar encargado del trabajo sucio
encaminado al despojo, cuyos integrantes acompañaron a la policía durante las actuales detenciones.
A partir de ahora los gobiernos federal y estatal tendrán en la cárcel de El Amate, Chiapas, una papa caliente, pues se espera que inicie una campaña por la liberación de los inculpados. La junta de buen gobierno zapatista ha lanzado un llamado a la solidaridad. Aún no está dicha la última palabra.
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