Zapatistas sometidos a trabajos forzados en la prisión de El Amate

Liberan a Miguel Vázquez Moreno, base del EZLN recluido en el penal de El Amate
La Jornada - Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chis. 15 de mayo. Los ocho campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón, encarcelados bajo proceso en el penal El Amate, han estado desde hace una semana sometidos a trabajos forzados hasta de 24 horas por parte de los precisos, la mafia de reclusos mestizos que controla el penal bajo las órdenes de las autoridades. Sin embargo, esta mañana fue liberado Miguel Vázquez Moreno, el único de ellos que es base de apoyo del EZLN. Los otros siete, adherentes de la otra campaña, permanecen presos. El gobierno insiste en sus acusaciones contra ellos.

Ante las alarmantes condiciones de su confinamiento, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiera al Estado mexicano adoptar, sin dilación, medidas de protección para ellos, pues de lo contrario los presos agraviados corren un grave riesgo a su integridad personal.

El llamado fue dirigido a Santiago Cantón, titular de la CIDH, por Blanca Isabel Martínez Bustos a nombre del CDHFBC, manifestando que los indígenas se encuentran presos injustamente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 El Amate (CERSS 14). En la misiva identifica como presos políticos a Gerónimo Moreno Deara, Antonio Gómez Saragos, Gerónimo Gómez Saragos, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Pedro Demeza Deara y Sebastián Demeza Deara, así como al ahora liberado Miguel Vázquez Moreno.

El CDHFBC corroboró el testimonio de los detenidos, “sometidos a trabajos forzados las 24 horas del día y sujetos a amenazas de dañar su integridad personal, por parte de los denominados ‘precisos’”, a quienes respaldan las autoridades carcelarias. En particular, el preso Gerónimo Moreno Deara presenta dificultad para hablar y respirar, sin que haya sido atendido por un médico del centro penitenciario.

La detención de estos indígenas, según Martínez Bustos, “se enmarca dentro de la persecución política del gobierno de Chiapas y el federal hacia los ejidatarios adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, y a las bases de apoyo del EZLN del mismo ejido, debido a su trabajo organizativo de defensa de sus derechos como pueblo indígena, del territorio y sus recursos naturales, así como por asumir la tarea de proporcionar seguridad a los habitantes del ejido ante la ineficacia y corrupción de los elementos policiacos que recorren la región”.

El CDHFBC ha documentado patrones violatorios de los derechos humanos, especialmente en contra de la población indígena de los centros de readaptación de Chiapas, en situación de esclavitud y obligados a vivir en espacios físicos sin las mínimas garantías de dignidad. Tales prácticas de discriminación y violencia racial son toleradas por las autoridades, y ejecutadas “por presos de origen mestizo, conocidos como ‘precisos’, que mantienen el control de la población carcelaria”.

Por lo anterior, el Estado mexicano tiene la obligación internacional de garantizar los derechos y libertades, expone la comunicación. En lo que respecta a la integridad y la vida de las personas a su custodia, no se limita a la obligación negativa de abstenerse de torturar o maltratarlas. Siendo las cárceles lugares donde el Estado tiene control total sobre la vida de los detenidos y reclusos, sus obligaciones incluyen proteger a estos últimos contra hechos de violencia de cualquier fuente.

La Jornada confirmó que Miguel Vázquez Moreno salió del área de reclusos de El Amate a las 8 horas de hoy, y de manera extraoficial, que el gobierno del estado, tan detallista, le dio un aventón hasta la ciudad de Ocosingo, aunque sin ofrecerle disculpas por el atropello. Detenido el 18 de abril, e inmediatamente reconocido por la junta de buen gobierno de Morelia, permaneció privado de su libertad casi un mes.