"Exigimos con mayor fuerza la caída del gobernador, que sea él quien vaya a la cárcel"
Integrantes de la APPO acusan al IFE de contribuir a la guerra sucia en contra de sus agremiados, al facilitar el padrón a la policía Foto Ezequiel Leyva
Zimatlan de Alvarez, Oax., 14 de agosto. Para exigir la liberación inmediata e incondicional del biólogo Ramiro Aragón Pérez, esta tarde se instaló un campamento de protesta frente al penal de distrito, adonde de manera un tanto inexplicable vino a depositarlo la Procuraduría General de la República (PGR) la tarde del viernes, luego de que fue secuestrado y torturado por presuntos policías estatales en las calles de San Felipe del Agua la madrugada del jueves pasado. Luego del secuestro y la tortura física y sicológica, se le declaró oficialmente detenido y ahora hasta cargos tiene. Federales, para mayor detalle.
El secuestro y las primeras golpizas que sufrieron Ramiro y dos de sus compañeros ocurrieron a pocas cuadras de la casa del gobernador Ulises Ruiz. A bordo de un Passat azul, los académicos participaban, como decenas de brigadistas más, en la búsqueda de Germán Mendoza Nube, dirigente de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien acababa de ser secuestrado por la policía en la ciudad de Oaxaca. Ahora, Mendoza Nube se encuentra en el penal de Miahuatlán, en donde también se instalará un plantón de protesta.
Lo curioso es que lo que ciertamente sí es ilegal en este caso son el "procedimiento" policiaco y el lugar donde ocurrieron los hechos, una colonia residencial asentada impositivamente sobre las tierras comunales de San Felipe del Agua, que los campesinos mantienen en litigio. Allí poseen sus residencias el gobernador Ulises Ruiz, el ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, y el dirigente priísta y vocero de campaña del actual mandatario, alguna vez estrella del Bronx de San Lázaro, Héctor Pablo Ramírez Leyva, entre otros.
Con Ramiro fueron secuestrados sus compañeros Elionai Santiago Sánchez y Juan Gabriel Ríos. Ellos fueron liberados luego de severas golpizas y de ser torturados. A Ramiro le fue peor. Además de desfigurarle el rostro a golpes, le quemaron la frente y lo amenazaron con asesinar a sus hijos y violar a su esposa. "Sabemos dónde están", le dijeron sus captores. No es de extrañar, con eso de que ahora en Oaxaca se ficha a los ciudadanos para que sean detenidos, y hasta asesinados, con la base de datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
El plantón lo iniciaron los maestros del sector 08 de Tlacolula, miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), participantes en la APPO y compañeros de trabajo de los padres de Ramiro, los profesores Victorino Aragón Maldonado e Irma Pérez Vázquez. "Llevan más de 20 años en el movimiento magisterial", señala la representante del sector. La exigencia de su liberación cuenta con el respaldo de la comunidad científica de Oaxaca, de la cual Ramiro forma parte destacada, lo mismo que su esposa y también bióloga Ruth Guzmán Sánchez (la que iba incluida en las delicadas amenazas del brazo de la ley que tan ilegalmente lo alcanzó).
"Es parte de la campaña de Ulises Ruiz contra cualquier persona civil. Este gobierno atenta contra todos los derechos. El hostigamiento que hace Ulises Ruiz es cada vez más grande. Aquí se trata de un secuestro, de una detención ilegal. El compañero sufrió agresión física, sicológica y moral, y ahora permanece en la cárcel porque le 'sembraron' un arma de uso exclusivo del Ejército", declaran los voceros del plantón.
Inicialmente se dijo que el secuestro fue en la colonia Alemán. "Fue para ocultar que lo hicieron en la zona donde los políticos construyeron sus residencias. Por eso los pudieron golpear en la calle. En ese lugar la controlan", añade un plantonista más. De hecho, todo empezó en la calzada San Felipe, la arteria principal.
Los maestros de Tlacolula dicen: "estamos para darles el apoyo a los familiares y evitar que trasladen a Ramiro subrepticiamente o lo desaparezcan. Está vigilado desde ahorita, pero nuestra presencia va a seguir creciendo". De momento hay unas 30 personas, y el campamento en proceso de instalación a las puertas del penal de distrito, a un costado de la presidencia municipal de Zimatlán, al suroeste de la capital. Las autoridades del municipio aún no se manifiestan. Han de estarse enterando de qué se trata. En cambio, la población se ha acercado. "Nos brindan apoyo. Trajeron café y alimentos, y nos ofrecen sus casas", prosiguen los voceros, y aprovechan para expresar su agradecimiento.
"Aparte de maestros, somos de la APPO. Y con esto exigimos con mayor fuerza la caída de este gobernador y que sea él quien vaya a la cárcel, con todos sus achichincles: el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz; el líder del Congreso, Rito Salinas, y Jorge FrancoVargas. Los vándalos son ellos".
Advierten: "No vamos a permitir que se lesionen los derechos de uno más de los oaxaqueños. Y que se castigue a los responsables de la tortura y los demás delitos. Se trata de todo un ataque del estado". Mencionan que la juez cuarta de distrito se comprometió a entregar hoy los citatorios y no cumplió. "Al parecer ella está retrasando el proceso para favorecer a los policías. A lo mejor van a tratar de trasladar a Ramiro sin que se instale un juicio legal".
Los familiares de Ramiro Aragón, que ya pudieron verlo, reiteran la versión del secuestro que ya dieron los dos maestros que lo acompañaban. "Como los policías estaban en su propio territorio, los golpearon en la calle, y luego todo el camino hasta Ejutla de Crespo, donde los 'entregaron'. Dos horas de tortura en el trayecto".
La esposa de Aragón Pérez había dicho este sábado: "No tenemos miedo. Sabemos quiénes somos. Somos personas honorables y conocidas. Las mentiras no pueden permanecer". La bióloga Ruth Guzmán Sánchez, joven, muy digna, denunció el "abuso ilegal que sufrieron los compañeros; su único delito es ser maestros". Y responsabilizó a Ulises Ruiz "de cualquier agresión a mi persona o mis familiares".
Miembro del Grupo Mesófilo AC, el biólogo detenido ya recibe respaldo internacional, como una víctima más de la represión imperante en Oaxaca, y además como naturalista muy comprometido con proyectos de sustentabilidad en las comunidades de su estado.
El operativo iniciado en la calzada San Felipe arroja luz sobre un escandaloso despojo agrario contra los comuneros, quienes a pesar de contar con títulos primordiales y resolución presidencial se vieron forzados a entregar las tierras donde hoy se erigen ostentosas residencias con mucho jardín y mucha barda, donde además de los mencionados funcionarios, se hicieron de nidos exclusivos la titular de Comunicación Social de Ulises Ruiz, Luz Divina Zárate Apack, y Hector Anuar Maffud Maffud, magistrado del Tribunal Superior del estado.
El núcleo comunal de San Felipe ha emprendido una acción legal para que sus tierras les sean restituidas, con base en los derechos que conceden los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley Agraria, para que las propiedades "retornen al núcleo comunal, de donde indebidamente salieron", según el abogado de los labriegos, Francisco López Santiago.
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