La dependencia desoye recomendación de la CHDH en favor del grupo bajacaliforniano
Acreditan que los derechos humanos de esa comunidad "han sido conculcados"
ROSA ROJAS
"Por un capricho" el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California, Alejandro Alvarez, ha hecho a un lado la recomendación 8/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sigue acosando a los integrantes de la comunidad indígena cucapá El Mayor, para evitar que -como han hecho ancestralmente- pesquen curvina en la reserva de la biosfera de la región del alto Golfo de California. Ahora se multa a quienes compran el pescado a los indígenas, "por lo que ya nadie quiere comprarles su producto y orilla a los cucapás a vivir en condiciones de hambre", afirmó Lorena Rosas Chávez, funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDHPC).
Mónica González Portillo, una de los 270 cucapás que quedan en el país, informó que desde 1993, cuando el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari declaró la constitución de la citada reserva de la biosfera, empezaron los problemas para que su pueblo pudiera desarrollar la pesca, su principal actividad de subsistencia, dado que aunque cuentan con 143 mil hectáreas de tierras, éstas son desérticas. En forma constante, inspectores de Profepa y las secretarías de Marina y Defensa les imponían sanciones administrativas y les requisaban sus artes de pesca, por lo que presentaron una queja ante la PDHPC, que a su vez la envió, en mayo de 2000 a la CNDH.
Rosas Chávez, coordinadora del Programa Estatal de Asuntos Migratorios e Indígenas de la PDHPC, aseveró que si bien los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, a quienes está dirigida la recomendación, la aceptaron y se han celebrado cuatro reuniones interinstitucionales para procurar que se cumpla y se permita la pesca sin problemas a los cucapás en la zona núcleo de la citada reserva, el delegado de la Profepa "considera que la ley (que prohíbe la pesca en la zona núcleo de la reserva) debe cumplirse y que los indígenas no deben tener ninguna prerrogativa, por lo que ahora sanciona a los que les compran el pescado".
Por ejemplo, en noviembre de 2001, "el señor Ramón González Luna, dueño del restaurante Bajamar, compró a los cucapás mil 800 kilos de pescado. Las autoridaes de Profepa lo detuvieron, le quitaron el pescado, le incautaron un vehículo que nosotros ayudamos a impedir que le quitaran, pero se pudrió el pescado. Ahora exigen a González Luna que entregue ese pescado ya podrido. Es un capricho de las autoridades de la delegación de la Profepa no permitirles a los cucapás el acceso debido a la pesca", comentó Lorena Rosas Chávez.
Incluso, el pasado agosto Rosas Chávez solicitó al presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, suspender provisionalmente las medidas administrativas y multas por parte de la Recaudación de Rentas municipal dirigidas a la comunidad cucapá y a quienes adquieren sus productos, en tanto se llega a un acuerdo con la Profepa para implementar la recomendación de la CNDH, debido a que en esa dependencia desconocían la existencia del documento, emitido desde abril.
La funcionaria de la PDHPC informó, por otra parte, que el juez español Baltasar Garzón, en su calidad de presidente de la Fundación de Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, visitará este martes 5 de noviembre la comunidad cucapá de Baja California, "para que constate la violación a los derechos humanos de este pueblo indígena y el rezago en que viven".
Garzón estará acompañado del letrado de la Audiencia Nacional de España Tomás Sanz Hoyos. La idea de la invitación es que "se podría buscar canalizar apoyo o inversión para hacer algún tipo de desarrollo sustentable", ya que en la región hay faisán, por lo que se podría promover la actividad cinegética, o impulsar el cultivo de camarón, comentó Rosas Chávez.
En su recomendación 8/2002 del pasado 30 de abril, dirigida a Lichtinger y Usabiaga, la CNDH afirma: "Se acreditó que los derechos humanos de la comunidad cucapá, consistentes en los derechos con que cuenta como pueblo indígena, en especial a mantener sus usos y costumbres; a la legalidad; seguridad jurídica y al desarrollo, han sido conculcados".
La CNDH establece que la etnia cucapá "es un pueblo indígena conforme la conceptualización establecida en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", por consiguiente, "cuenta con los derechos que la legislación nacional y los tratados internacionales otorgan a los pueblos indígenas precisamente por esa condición, entre otros, los derechos al pleno desarrollo, al aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y, en especial, el derecho a preservar y mantener sus costumbres y tradiciones, de particular relevancia en el caso que nos ocupa, puesto que la actividad pesquera forma parte precisamente de sus usos y costumbres, siendo un elemento de su cultura e identidad".
Menciona que, según informes de la subdelegación de Pesca de la Sagarpa en la entidad, "la pesca de los cucapás no causa desequilibrio ecológico, puesto que estimó que el porcentaje que representa la pesca (de la etnia) respecto del límite posiblemente permitido es aproximadamente de 10 por ciento, opinando que donde debe incrementarse la supervisión es en la zona del golfo (de Cortés)", donde podría estarse dando sobrexplotación. Los cucapás, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Indigenista (INI) capturan 7.8 toneladas por embarcación, cuentan con 32 embarcaciones que operan 70 familias, lo que arroja unas 250 toneladas de curvina en la temporada. Esto genera un ingreso bruto mensual de tres mil 906 pesos con 25 centavos por embarcación.
Anota la CNDH que el director de la reserva de la biosfera informó que los permisos expedidos en la región para capturar dicha especie amparan aproximadamente 600 embarcaciones. Para 2000 la recomendación de cuota de captura de la especie fue de dos mil 500 toneladas por año.
Por tanto, está documentado, afirma la CNDH, que "la pesca desarrollada por dicha comunidad indígena, aun cuando la hiciera en la zona núcleo de la reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie".
Agrega que no sólo la pesca actualmente "es prácticamente el único medio de subsistencia con que cuentan los indígenas cucapás, sino que no se han logrado alternativas viables de desarrollo con las cuales se les garantice el pleno ejercicio del derecho al desarrollo y la posibilidad de participar en el crecimiento económico y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales".
"Si bien se documentaron algunos apoyos por parte del jefe de programa de Desarrollo Rural de la Delegación en Baja California de la Sagarpa, éstos consistieron únicamente en unos cheques que en 2000 se les entregaron para adquirir vaquillas, vacas, cerdos y chivos." También hubo acciones de la delegación de la Sedeso, que "si bien constituyeron un importante avance en mejorar las condiciones de vida para la comunidad cucapá, la dirección de la reserva deberá coordinarse con dicha secretaría a fin de concretar acciones que propicien el desarrollo socioeconómico regional".
Recomienda la CNDH que para alcanzar el desarrollo sustentable en esta comunidad, es necesario que las distintas autoridades involucradas en la atención de esta problemática "emprendan acciones coordinadas entre sí, para que, en conjunto con los cucapás, elaboren, impulsen, implementen, administren, den mantenimiento y evalúen, proyectos productivos encaminados a alcanzar el ejercicio del derecho al desarrollo".
"Es de fundamental importancia que las autoridades responsables respeten el derecho de los cucapás a decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo", de conformidad con el artículo 7.1 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, añade el documento.Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2002/11/04/006n1pol.php
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