Son 27 presos políticos detenidos a raíz del operativo policiaco en San Salvador Atenco
Almoloya de Juárez, Estado de México, 1º de abril. Miembros de la otra campaña son perseguidos en diversas entidades del país, y un número significativo se encuentran en condiciones de presos ''políticos'' y de conciencia a causa de su activismo, con lo que se suman a los detenidos por las protestas en Oaxaca, el año pasado, y las personas acusadas de participar o estar presuntamente relacionadas con grupos armados.
Dentro del penal de Santiaguito, en este municipio mexiquense, siguen recluidos 27 personas a raíz del ataque policiaco en San Salvador Atenco, hace 11 meses. Su situación ''legal'' es prácticamente ilegal, y aunque la defensa ha demostrado que no existe fundamento jurídico para que estas personas -en su mayoría activistas y miembros de la otra campaña- sigan en prisión, el método de ''castigo y escarmiento'' que aplican los gobiernos federal y mexiquense en este caso dicta la regla al margen de la justicia.
En días recientes, el juez responsable de estos casos dictó cuatro nuevos autos de formal prisión cuya finalidad, a juicio de los abogados independientes, es retrasar la liberación de los reos. La comerciante mazahua Magdalena García Durán, quien ha obtenido dos amparos, debería estar fuera desde hace semanas. ''La compañera Magdalena y todos lo demás son rehenes por consigna'', dice un adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que viajó desde Tamaulipas junto con otros compañeros suyos, para apoyar el plantón de protesta que se mantiene a las afueras de la cárcel. Este fin de semana llegó también un grupo de jóvenes michoacanos.
Vía crucis familiar
Los familiares que visitan a los reos sufren humillaciones y robos por parte de los custodios. A las mujeres las desnudan completamente, y a todos les ''recogen'' los objetos que los guardias consideran atractivos o de valor.
El plantón muestra una precariedad extrema, pero se mantiene e inclusive ha logrado establecer una relación solidaria y hasta cordial con las familias de los presos comunes, algo que las autoridades buscaron impedir de diversas formas. Los plantonistas son hostilizados y amenazados por policías municipales y estatales; esta tarde se encontraba estacionado ahí un vehículo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con varios agentes empuñando armas largas, con cascos y hasta pasamontañas, como si en cualquier momento fueran a realizar algún operativo contra esa gente tan ''peligrosa'' que efectúa talleres infantiles de creatividad con los hijos de los demás presos y otras actividades recreativas.
En el interior de Santiaguito permanecen privados de su libertad, desde mayo pasado: Alberto Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zárate, Arturo Sánchez Romero, César del Valle Ramírez, Cecilio Ramírez Durán, Cecilio Ramírez Espinoza, David Medina Neri, Eduardo Morales Reyes, Guillermo Selvas Pineda, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Juan Antonio Pérez Vázquez, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Narciso Arellano Hernández, Oscar Hernández Pacheco, Pedro Reyes Flores, Raúl Romero Macías, Román Adán Ordóñez Romero, Rufino González Rojas y Vicente García Munguía. Asimismo, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Magdalena García Durán, María Luisa López Morán, Mariana Selvas Gómez, Norma Aidee Jiménez Osorio, Patricia Romero Hernández y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Además, en el penal de alta seguridad de La Palma siguen como presos políticos Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, miembros del Frente en Defensa de la Tierra y de la otra campaña, además de Jacobo Silva Nogales, Sergio Bautista, Héctor y Antonio Cerezo. El oaxaqueño Catarino Torres Pereda, el primer preso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien sin razón alguna fue encerrado en La Palma el año pasado, aunque recuperó la libertad recientemente.
''Método'' exportable
Ahora ha llegado a Yucatán este ''método'' gubernamental de escarmiento contra activistas sociales. Tras las protestas por la visita del presidente estadunidense, George W. Bush, a la entidad, 41 personas, casi todas jóvenes, fueron detenidas con lujo de violencia y algunas resultaron severamente lastimadas. Se les dictó ya auto de formal prisión, con lo cual podría esperarles una situación similar a la de los presos en el estado de México: castigados por consigna, enfrentarán procedimientos dilatorios y sufrimiento inmerecido. Son también rehenes del poder.
En el caso de Tamaulipas, en días pasados fueron detenidos 12 jóvenes de la otra campaña por realizar protestas en Tampico, pero alcanzaron libertad bajo fianza. También fue liberada la defensora Luz María González Armenta, aprehendida el viernes pasado en Matamoros. Esto, a pesar de que el alcalde priísta, Baltasar Hinojosa Ochoa, había anunciado su intención de impedir que ''saliera''.
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