Este Estado, de madera neoliberal, se encuentra al servicio de la dominación de los grandes consorcios del dinero, que tienen el cerillo para prender la madera de su propiedad (en caso de que los estados neoliberales tuvieran otro futuro que no sea el naufragio: son despreciables para los pueblos y desechables para sus dueños). Se trata de una lógica de poder poco favorable para las mayorías humanas y las especies que pueblan nuestro aún exprimible planeta.
La cínica consideración del Gran Capital (GC) es que "no alcanza para todos" y los que no caben están condenados (sin considerar la opción de repartir la riqueza; o sea, que no haya "riqueza" y el GC se borre de la superficie de la Tierra). Para fines prácticos, los poderes que son han dividido a la humanidad en tres clases: ellos, que son unos cuántos, en primer lugar. En último, los que no vivirán (onda Africa subsahariana), o sí pero como esclavos, prisioneros o exilados. En medio, los empleados, consumidores, técnicos, capataces, profesionistas y rentistas rumiantes.
El proceso de militarización y penalización al que está sometido México no es circunstancial ni obedece a ninguna pregonada lucha contra el narcotráfico. La delincuencia organizada, tan organizada como el propio Estado y con el cual tiene mucho terreno común, parece coartada suficiente para montar el aparato de control y castigo que reclama el capitalismo salvaje. Lo aderaza la propaganda blindada en televisoras cómplices y prensa sometida que avalan y venden la irresisitible oferta: "la seguridad vale más que la libertad". ¡Muu!
La única coordenada del GC es la ganancia cruda y neta. En torno a este propósito tan burdo se ha establecido un complejo sistema de territorios "en guerra", grandes extensiones dedicadas al trabajo forzado o el castigo, y locaciones para una multitud de inversiones directas dirigidas a la explotación específica y exhaustiva de todo lo explotable. En su base, la dominación mediante la violencia "legal" para aceitarle el paso al proyecto de saqueo integral y global.
Esto obedece a un proyecto muy definido. El sociólogo Loïc Wacquant ha estudiado hasta la obsesión sus componentes y alcances. (Entre sus libros: Las prisiones de la miseria, Repensar Estados Unidos: por una sociología del superpoder, Parias urbanos y Simbiosis letal: la raza y el ascenso de la penalidad neoliberal.) Según el investigador, Estados Unidos es "el laboratorio viviente del futuro neoliberal", y se aboca al análisis del Estado penal y "el nuevo gobierno de inseguridad social", una "invención estadunidense de implicaciones planetarias".
Wacquant documenta que desde 1975 se inició un proceso de penalización de la vida pública en Estados Unidos, que en nuestros días ha logrado inmensos avances. Y advierte de sus "repercusiones prácticas e ideológicas sobre las demás sociedades sumisas a las 'reformas' impulsadas por el neoliberalismo" (Castigar a los pobres, Contre-Feux, Agone, Marsella, 2004). Describe cómo se desmanteló meticulosamente el Estado benefactor, y con él los derechos básicos (educación, salud, dignidad en el trabajo), orientando la vida entera a la compra-venta. Quienes no cotizan en este mercado-mundo tienen una sola ruta: sumisión o cárcel. Se trata de inculcar obediencia en la sociedad, "el deber del trabajo por el trabajo".
La histeria "antiterrorista" es el más reciente pretexto para arrebatar libertades y establecer la guerra como teatro de fondo. La "tierra de la libertad", como fue conocido Estados Unidos, es el país con más ciudadanos en prisión después de China. Actualmente, más de 2 millones de personas viven en la cárcel y unos 6 millones están o han estado bajo proceso. Además, el poder obtuvo una ganga increíble: que el trabajo manual sea ilegal. Los pobres están obligados a trabajar, aunque hacerlo resulta ilegal para millones de personas que como quiera serán contratadas y explotadas.
Ese "modelo" se extiende a México. El pretendido control de trabajadores y jóvenes cuenta con cuatro recursos: la policía (o Ejército habilitado), la justicia, la prisión y el monopolio de procedimientos para determinar quién es "inocente" y quién "criminal". El problema de fondo no es la "legalidad". La ley importa cada día menos. Se ha decidido eliminar la protesta, las alternativas, cualquier "riesgo" de resistencia contra la injusticia y la pobreza.
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