Sabado 11 de agosto: Ayer por la tarde fue liberado bajo fianza el comunicador de Radio Ñomndaa, tras el seguimiento dado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Las imputaciones fueron por una serie de órdenes de aprehensión derivadas de denuncias interpuestas por personas sancionadas por autoridades comunitarias, cuando la radio no existia aún. Sin embargo las acciones de hostigamiento gubernamental contra las autoridades comunitarias en Guerrero continúa, por ejemplo en los casos de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas, y de las comunidades que se oponen a la imposición de la presa La Parota.
viernes 10 de agosto 11 am: reportan desde Guerrero que mas de 50 personas se concentran a las afueras del penal donde tienen preso a David, se intensifican las acciones para lograr su liberación, la estación de radio ya tiene electricidad y esta transmitiendo.
México, 9 de agosto de 2007.- Hoy ocurrieron los dos más recientes actos de agresión en el caso del continuo hostigamiento y represión del ejercicio de su derecho contra la Radio indígena comunitaria Radio Ñomndaa, "La palabra del agua" de Xochistlahuaca en el estado de Guerrero, participante del Congreso Nacional Indígena y adherente a La Otra Campaña. Estos actos de agresión consistieron en el corte sin previo aviso de la energía eléctrica en la radio y la detención en la ciudad de Ometepeque del indígena amuzgo David Valtierra, director de la misma.
En México se violan flagrantemente los derechos humanos. Esta afirmación ya no es noticia, ni representa sorpresa, tras un año del inicio de una amplia campaña de violaciones masivas a los derechos humanos y de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Justamente en los días en que representantes de la comunidad internacional visitan el país, el gobierno presume con la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, que tienden a permanecer en la impunidad. Es el caso de la continuada agresión contra la radio indígena comunitaria Radio Ñomndaa.
En México los ciudadanos deben emprender verdaderas luchas sociales, campañas de visibilidad y hasta acciones urgentes para que se les permita ejercer derechos aparentemente tan simples como la libertad de información y la libertad de expresión.
Los pueblos indígenas en un país donde la discriminación racial fue impulsada todo el siglo XX desde las esferas gubernamentales, vía la criminalización del ser indígena, tienen que enfrentar luchas más arduas. Una de esas luchas se depositó en la reforma constitucional de 2001 tras los acuerdos de San Andrés. Aunque la reforma no satisfizo ni lejanamente a los pueblos indígenas que la impulsaron se lograron avances mínimos.
Uno de esos avances es la redacción del artículo 2 constitucional, que señala cosas que parecen obvias en el marco del derecho internacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ambos firmados por el gobierno mexicano y que por tanto es obligatoria su ejecución. Nos referimos al párrafo que señala "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." Bien, pues estamos a 6 años de la reforma constitucional y aún no se han generado las condiciones para el ejercicio de ese derecho y se trata como criminales a los pueblos indígenas y a sus miembros que reivindican el ejercicio de ese derecho plasmado en la Constitución Mexicana.
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