1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.
2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.
3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en la Plaza de la Constitución en el 70 aniversario de la expropiación, puntualizando la importancia estratégica que tiene para México mantener la industria petrolera en manos del Estado para poder ser un país libre y soberano, alertando sobre la privatización disfrazada que planean el PAN y el PRI al pretender modificar la legislación secundaria para “legalizar” los contratos de servicios múltiples y la asociación con consorcios trasnacionales, y la posibilidad de un albazo legislativo en ese sentido, y anunciando un plan nacional de movilización civil pacífica, exacerbó el nerviosismo de los ultraderechistas que pretenden gobernar y las contradicciones en el interior del PRI.
4. El PAN nació en 1939, financiado por las compañías petroleras expropiadas, y con un objetivo central que era echar abajo las reformas cardenistas, lo que ahora les da una coartada a los panistas, pero el PRI defendió en el pasado los principios del artículo 27 constitucional, y un director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, como recordó López Obrador, se opuso con tenacidad a los “contratos riesgo” que comprometen el destino del país, y que hoy defiende su hijo al frente de Pemex.
5. Mouriño y Calderón sufrieron en menos de una semana dos derrotas que agravaron su situación de debilidad y comprometieron aún más su proyecto privatizador. La primera fue la derrota del PP español en las elecciones del día 9 que impidieron a los neofranquistas Aznar y Rajoy –mentores, socios y protectores de los panistas– regresar al gobierno desde donde hubieran sido un apoyo invaluable para éstos, y aunque Zapatero y el PSOE impulsan también la voracidad de las trasnacionales hispanas en América Latina, y en particular de la Repsol, uno de los 10 mayores consorcios petroleros del mundo, la situación no es la misma. Y la segunda fue la victoria de Alejandro Encinas en las elecciones internas del PRD derrotando el domingo 16 a Jesús Ortega, candidato de Calderón.
6. La torpe reacción de Mouriño y Calderón, que en evidente colusión con el equipo de Ortega, han lanzado una grosera campaña mediática para calificar como fraudulentas las elecciones perredistas y descalificar la victoria de Encinas, pretendiendo además con golpes fraudulentos de mano revertir los resultados para poder anularlos con la intervención del tribunal electoral, no revela más que la desesperación de estos pillos que se adueñaron del poder por un fraude, y que al fracasar este otro fraude que instrumentaron para el domingo 16 en alianza con el equipo orteguista insisten con todo el peso del Estado en imponerle una dirección al PRD con el fin de paraestatalizarlo, marginar a López Obrador y facilitar la privatización.
7. La mentira mayor de los medios en este aspecto es que no se trataba de elecciones internas entre dos candidatos internos –Encinas y Ortega–, sino de elecciones cruciales para el gobierno calderonista en las que uno de los dos candidatos –Jesús Ortega– era el candidato de Calderón por lo que el gobierno calderonista y sus dependencias –desde Sedesol hasta los gobernadores afines—, así como los medios, intervinieron para ayudarlo por la vía ilegal, como ahora quieren seguir haciéndolo.
8. El obstáculo mayor que encuentra el gobierno espurio para privatizar el petróleo mexicano no está, sin embargo, en un partido –el PRD– ni en el Frente Amplio Progresista, y ni siquiera en las fuerzas sociales aglutinadas en la convención nacional democrática, sino en las grandes mayorías del pueblo mexicano, que están oponiéndose a esa privatización y a los actos de corrupción de Calderón y Mouriño y de todos sus secuaces: César Nava, Alfredo Elías Ayub, Dionisio Pérez Jácome, Diego Zavala y toda la red delincuencial que tienen en el interior de Pemex.
9. Calderón y Mouriño, que usufructúan de manera ilegal el poder, no hallan cómo resolver su situación y distraer del debate sobre sus actos de corrupción que frena su proyecto, pues para mantenerse en el cargo buscan ahora apoderarse del PRD y poner en su dirección a Ortega, o, se dice, a un cardenista, dada la convergencia de los planteamientos en materia petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Calderón.
10. La entrega del petróleo mexicano al capital extranjero, sin embargo, no va a pasar: no sólo porque es contraria a la razón y a la ley, así como a la historia de luchas del pueblo mexicano, sino porque amplios sectores de mexicanos están decididos a impedirla.
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